Privatización del Registro civil: ¿abandono o aplazamiento?

Tras la intensa mañana del viernes y ese anuncio del Ministerio de Justicia de revisar la reforma del Registro civil toca reflexionar sobre el contenido real de ese anuncio. ¿Estamos ante un abandono o ante un mero aplazamiento de la privatización del Registro civil?. Los mismos sindicatos han sido cautos a la hora de analizar la noticia y aun valorando la medida mantienen las "espadas en alto" puesto que quedan cuestiones por concretar tanto en lo publicado en los medios como en la propia nota del Ministerio de Justicia. 

La diferencia no es baladí. Un abandono supone que se olvidan de la privatización y que van a buscar otras alternativas. Un aplazamiento supone que se buscan alternativas pero sin abandonar la privatización quizá porque el Gobierno sigue pensando que es la mejor opción. 

Dicho de otro modo, un aplazamiento implica sólo una prórroga de la "vacatio legis". Un abandono implica, además, la derogación de las disposiciones de Gallardón que otorgaban a los Registradores el Registro civil  

Es cierto que de la nota del Ministerio y de las declaraciones del Ministro sobre el particular publicadas en la mañana del viernes lo que parece es que estamos ante un aplazamiento del proyecto, abriendo el debate y la negociación en busca del consenso sobre el modelo de Registro civil; eso sí con dos límites claros:

• la desjudicialización del Registro civil que en la nota lo equipara a sacarlo del ámbito judicial. ¿qué significa esta nueva expresión "ámbito judicial"?. ¿Que siguen con la idea de sacarnos a todos del Registro civil o que están dispuestos a aceptar que desjudicializar puede implicar sólo la salida del Juez como encargado del Registro civil manteniendo a los funcionarios?.  
• el diálogo que se abre con esta decisión no puede ser sine die. Es decir, habrá nueva fecha de entrada en vigor de la reforma sea la que sea, pero no dice cuanto tiempo darán al diálogo ni cómo se compadece este diálogo sine die con la negociación sin sujeción a plazo que se ofreció a los sindicatos en la mesa del 16 de abril. 

Detrás de la decisión, no lo podemos obviar hay, al menos, tres factores: 

• La movilización y oposición al proyecto de funcionarios, sindicatos, asociaciones, ciudadanos e incluso registradores, desde hace dos años ha sido duda un factor determinante teniendo en cuenta que Catalá parece que llegó a apagar fuegos y no para encenderlos o avivarlos. ¿es conveniencia y búsqueda de un mejor momento para sacar la reforma o voluntad real de cambiar el  modelo de Registro civil?.
• El momento político-electoral (elecciones locales y autonómicas) no es el más adecuado para afrontar decisiones polémicas que afectan directamente a la organización municipal del país y que pueden generar más oposición incluso dentro de las filas del partido que sustenta al Gobierno. ¿estamos ante una retirada estratégica de la privatización?. ¿afectará también a las elecciones generales o ya han descontando el efecto registro civil para el mes de noviembre?.
• En tercer lugar, el hecho de que las cosas no están preparadas para que la reforma entre en vigor el día 15 de julio como así lo había hecho saber el propio Colegio de Registradores hace unos días. ¿se trataría de una retirada forzada por la inexistencia de medios y de, por ejemplo, el reglamento que estaban elaborando los propios Registradores?. (algo sorprendente por otra parte, que se redacte una norma por quien va a ser destinatario directo de la misma).

Y para acabar el cuadro, la asociación de Registradores próxima al Ministerio de Justicia no ha dicho nada (y hace 48 horas que se lanzó la noticia) y eso que en otras ocasiones cuando el Colegio y su Decano se resistían al Registro civil, no dudaron en ponerle a caldo y en pedir dimisiones dentro de la Junta Directiva. No se a vosotros pero a mí, el silencio, a veces me da muy mala espina... o quizá soy un mal pensado. 

Con este cóctel, la próxima semana se antoja determinante. Hay convocada una reunión del Grupo de trabajo de Registro civil en el Ministerio de Justicia para el martes 28 de abril donde deberán quedar claras varias cuestiones:

• Duración de la prórroga de la "vacatio legis"  de la ley 20/2011 una vez eliminada la fecha del 15 de julio. No es lo mismo, ni tiene la misma interpretación ni revela la misma intención, una vacatio de 3 meses, de 6, de un año o de dos años a la hora de valorar si estamos ante un mero aplazamiento o ante un aplazamiento que supone un abandono dado que habrá elecciones dentro de pocos meses. Fecha de publicación en el BOE de la prórroga. 
• Derogación o no de leyes o proyectos y alcance de la derogación. Fecha de publicación en el BOE de la derogación.
• ¿En qué va a consistir ese diálogo que el Ministerio ofrece y si se va a partir de cero o si el Ministerio tiene posiciones ya preconcebidas?. 

Y, hablando de derogaciones, porqué no pensar incluso en una derogación de la ley de Zapatero  del Registro civil  donde, como en el proyecto de Gallardón y. aparentemente hasta el viernes de Catalá: 

• la pérdida de la función de Registro civil para los funcionarios de Justicia (no para los Secretarios Judiciales curiosamente) era evidente 

• dejaba en una situación muy rara, a aquéllos funcionarios de Justicia que, estando destinados en los Registros civiles judiciales desearan quedarse en los nuevos Registros civiles de competencia autonómica. (Disposición Transitoria 8ª).

​La derogación de la ley de Zapatero evitaría tener que andar con nuevas prórrogas y permite negociar sin presiones un buen modelo de Registro civil que para nosotros siempre estará en manos de funcionarios de Justicia. 

Como resumen os dejo la circular que ha colgado CSIF esta mañana en su web sobre la reunión del 28. CSIF exige claridad y mucha van a tener que dar en el Ministerio de Justicia en este tema.

En fin, esperaremos a ver que sucede esta semana y lo contaremos en el blog. ​