Ni los Registradores se creen eso de que son funcionarios públicos

Una de las razones más recurrentes en el argumentario del Ministro Catalá para negar la privatización el Registro civil es que los Registradores son funcionarios públicos.

Es cierto que la ley hipotecaria así los denomina pero no más cierto que como analiza la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE su actividad es propia de los empresarios particulares y que el propio gobierno en la Disposición Adicional 10ª de los Presupuestos para este año los encuadró en el régimen de autónomos y trabajadores por cuenta propia de la Seguridad social. Tan es así, que ahora sabemos que ni ellos mismos se consideran funcionarios a tenor de las enmiendas que han presentado y que el Ministerio ha aceptado sin rechistar a la ley del Registro civil.

Además, estos señores se permiten el lujo de rechazar la posibilidad de recibir órdenes lo que constituye una razón más para descartar su carácter de funcionario ya que si algo caracteriza a los empleados públicos es su dependencia jerárquica dentro  de la Administración pública. Para rematar la faena los Registradores rechazan el carácter vinculante de las decisiones de la Dirección General de Registros y del Notariado, es decir, que nadie interfiera en el cortijo y adios a la uniformidad de resoluciones en materia de Registro civil. 

Escandaloso es la forma opaca de modificar una ley cuando en realidad se quiere aprobar una nueva para evitar los "engorrosos" pero preceptivos (por algo será) informes de diferentes órganos del Estado. Más aún es que nos hayamos enterado que el Ministerio de Justicia y el Gobierno se avienen a lo que los Registradores quieran en materia de organización del Registro civil del que van a ser receptores. Ridículo es que  ni los Registradores compren el argumento de que son funcionarios públicos. 

Y así estamos entre lo ridículo y lo escandaloso en la privatización del Registro civil

lee la noticia de elconfidencial.com sobre las enmiendas de los Registradores