miércoles, 18 de marzo de 2015

El Gobierno insiste en decir que no habrá compensaciones... pero nadie le cree

Dice la Secretaria de Estado en sede parlamentaria que una cosa es lo que deseen los Registradores de la Propiedad y otra la realidad y que el Registro civil es gratuito porque así lo dice la ley de 2014. Llegados a este punto el problema en esta cuestión es de credibilidad y quien se ha negado a negociar alternativas, quien ha hecho lo imposible -llegando a las amenazas- porque los Registradores no se bajaran del carro, quien se ha negado durante estos tres años a crear el Registro civil electrónico que, volvemos a repetir podría estar funcionando a plena satisfacción sin necesidad de experimentos con los Registradores de la Propiedad; quien, en definitiva, ha estado y está negociando en secreto - con 900 privilegiados que esos son los Registradores- como aumentar su negocio y su monopolio particular a costa del futuro de un servicio público que nos pertenece a todos los ciudadanos; quien hace todo eso carece de la más mínima credibilidad. 

Además, están las pruebas en forma de reformas legales que se pretenden introducir y que han sido denunciadas oportunamente por sindicatos y por partidos políticos de la oposición y por diferentes artículos publicados en prensa. 

A corto o medio plazo habrá compensaciones para los Registradores porque, sencillamente, los números no cuadran. Lo que ocurre es que quizá, una vez más, el Gobierno de turno nos tome por tontos y piense que se puede privatizar por fases. Una primera, endosan el servicio y otra segunda donde se establecen las compensaciones y, ambas, se están negociando a la vez en esa secreta Comisión mixta que se ha creado para darle un aire de normalidad a la más absoluta anormalidad en la gestión de un servicio público. 

Y ese secretismo es una denuncia en sí misma pues seguimos sin saber qué ha ocurrido con esos cinco millones de euros que se pagaron por el programa de digitalización y que según una auditoría, y el sentido común también, suponen 12 veces el precio del mercado. Seguimos sin saber cómo se hizo la empresa que lo vendió con el contrato (algo se ha publicado al respecto pero nada se ha investigado) ni tampoco como se ha hecho con el contrato de la plataforma de registro civil la empresa que lo está haciendo, ni tampoco de quien es esa empresa y qué relación tiene con los Registradores o qué pinta una empresa pública de defensa en todo este asunto... por poner algunos ejemplos. Porque parafraseando una cita de una novela de Dumas "cherchez l'argent" hay que seguir el rastro del dinero. Estamos ante un servicio público y su financiación y gestión deben ser transparentes, de otro modo difícil será que pueda cumplirse con el mandato constitucional de servir con objetividad a los intereses generales. (Art. 102 CE).

Para terminar, la Secretaria de Estado vuelve otra vez con el tema de las quejas y dice que las recibidas en el CGPJ en el año 2013 (según la memoria del organismo) fueron 5.200. ¿Muchas o pocas?, como diría el gallego, pues depende. Si la comparamos con los millones de trámites del Registro civil pues igual no son tantas o si las comparamos con otros servicios públicos pues quizá tampoco. 

Pero es que, es de una enorme irresponsabilidad soltar la cifra sin detallar el origen de la misma que es la única manera de resolver el problema. Cabría preguntarse qué ha hecho la Dirección General de Registros y del Notariado para resolverlos, si se ha dirigido a los registros más afectados para inspeccionarlos y detectar el origen de los problemas... ya os lo digo yo, no ha hecho nada. Podrían haber incrementado los medios materiales y personales (que no crecen desde hace lustros a pesar de que la población se ha incrementado en millones) podrían haber establecido legalmente el Registro civil electrónico para aprovechar los 200 millones de euros, de todos los ciudadanos, gastados en el programa INFOREG y en la digitalización de inscripciones pero nada estaban muy ocupados andan con la privatización. Cabría preguntarse porqué han estado más de un año parados en el Ministerio los expedientes de nacionalidad remitidos por los Registros civiles y porqué desde el propio Ministerio se mentía a los ciudadanos diciéndoles que su expediente no se había remitido. ¿Es que no saben que los Registros civiles se quedan los acuses de recibo y que existen las diligencias de remisión o, simplemente, les da igual?.

En fin la batalla continua...


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