Visto que los plazos se echan encima y que la voluntad de diálogo se queda en meras palabras, Catalá ya se ha tirado a tumba abierta con este proyecto auspiciado desde el Gobierno como queda claro en su intervención en el Congreso del pasado 11 de diciembre.
Así, Catalá habló de introducir mejoras técnicas en la ya aprobada Ley 20/2011 para evitar los trámites de informe que exigiría una ley nueva. Un fraude de ley en toda regla por cuanto la Ley 20/2011 tenía una concepción del Registro civil radicalmente distinta a lo que pretende este Gobierno y, por lo tanto, no se trataría de mejorar técnicamente una ley sino vaciarla por dentro dejando la fachada y reformando su estructura interna.
El Ministro Catalá como antes Gallardón, insiste en las falsedades sobre las que sustentan ese proyecto. Los Registradores NO son funcionarios públicos y así lo ha establecido la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2009.
- La desjudicialización que planteaba la ley 20/2011 no se parece en nada a la que propone este Gobierno pues, al margen de la opinión que se pueda tener y desde este blog seguimos defendiendo a los funcionarios de Justicia como la mejor opción, se municipalizaba al igual que en el resto de Europa dando competencias a las CCAA. Es decir, no se entregaba el Registro civil a unos empresarios sino que se quedaba en la Administración y además, se preveía un mecanismo jurídico para aprovechar la experiencia, el conocimiento y el potencial de los funcionarios de Justicia en materia de Registro civil
- Los problemas del Registro civil no son del Registro civil sino del propio Ministerio de Justicia y de sus gestores y está focalizado en la propia Dirección General de Registros y del Notariado. Parece que se ha querido buscar el problema para luego darle la solución que interesaba.
- La ley 20/2011 carecía de memoria económica pero, en este proyecto de privatización del Registro civil, la cuestión económica es de lo más oscuro y menos transparente de todo el proceso y nadie es capaz, ni el propio Ministro de resolver la gran cuestión de quien paga la feria. Nosotros lo tenemos claro serán los ciudadanos. y en beneficio del bolsillo de unos pocos (Registradores y Notarios).
- Toda esta ley sólo se ha negociado con y en interés de parte: los Registradores., con exclusión de los demás actores y, además, se ha hecho en reuniones secretas sin luz y sin taquígrafos. Un Colegio de Registradores al que se le ha ido la fuerza por la boca y ha pasado de ser beligerante a contar el dinero. Y es que la presión interna y externa ha debido ser tremenda.
Frente al Ministro el resto de grupos de la oposición que pidieron la derogación del proyecto de privatización del Registro civil. Lee las intervenciones de los portavoces en este enlace
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