La reforma del Registro Civil repesca la obligación de los padres de declarar si están casados o solteros a la hora de inscribir a los recién nacidos. Cuando se creía que este precepto del tardofranquismo estaba superado, el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, lo ha mantenido tal como lo restauró su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón. Catalá seguirá adelante con la privatización del Registro Civil y la consiguiente pérdida de 2.500 empleos en la administración judicial. El único avance de la reforma registral es que el Gobierno ha tenido que admitir la inscripción de los nacidos en “vientre de alquiler” porque le obliga la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para ello Catalá anunció enmiendas del Grupo Popular al texto gubernamental.
La presentación de las reformas de la administración de Justicia en materia de subastas judiciales y del Registro Civil que realizó el jueves Catalá ante el pleno del Congreso resultó decepcionante para quienes esperaban una rectificación de la privatización del Registro que decretó Gallardón. Como es sabido, el 4 de julio pasado, el Consejo de Ministros, presidido por el registrador de la propiedad en excedencia de Santa Pola (Alicante), Mariano Rajoy Brey, aprobó por Real Decreto, una figura que la Constitución sólo contempla en casos de extraordinaria urgencia y necesidad, la privatización del Registro Civil a favor de los registradores de la propiedad, del Registro Mercantil en este caso. Con anterioridad, Gallardón había asignado a los registradores los trámites con el argumento de que iba a resolver el atasco de los expedientes de nacionalidad, lo que provocó un fiasco con corrupción y supuso un grave quebranto económico para el Colegio de Registradores de la Propiedad.
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