Según informa el diario el economista la decisión se ha formalizado en los últimos días aunque el Director General ya no asistió a la reunión que sostuvo el Ministro Catalá con el Colegio de Registradores.
Al parecer la decisión de Catalá de suprimir la Corporación de derecho público y la adjudicación del contrato de la plataforma digital ha sido el detonante de esta dimisión.
Conforme pasan los días parece cada vez más claro que el proyecto de Gallardón adolecía de la transparencia necesaria en un proyecto de este calado. Desde el punto de vista de la ley de conflicto de intereses eran muchas las voces que veían insostenible el papel del Director General que, es a su vez, Registrador mercantil. Y también eran muchas las voces que no acababan de ver claro el tema de la financiación y alertaban sobre un posible pelotazo incluido el Decano del Colegio de Registradores.
No obstante, parece que el Gobierno sigue empeñado en entregar el Registro civil a los Registradores y ha creado una comisión mixta al efecto. En este sentido, parece que se siguen repitiendo los errores del pasado y se niega la negociación y el diálogo a los representantes de los funcionarios de Justicia que son quienes mantienen el Registro civil. El diálogo y el consenso deben traspasar la delgada línea del discurso político para instalarse en la realidad y evitar el conflicto que parece inminente.
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