En defensa de un Registro civil público de gestión pública (3)

No hay ahorro ninguno.  Con este modelo de Gallardón el ciudadano tendrá que pagar… y bastante.

Dice el Ministerio de Justicia que la reforma beneficia a todos los ciudadanos que se van a ahorrar cientos de millones de euros.  ¿De dónde van a salir  esos cientos de millones de euros que hace falta poner en el Registro civil y su mantenimiento?. ¿Los tiene ya el Colegio?. En ese caso no está mal para unos funcionarios.

De todos modos, ¿es que alguien se cree que los Registradores lo van a poner a fondo perdido y no van a pedir su reembolso?.  O bien se financiará con cargo a los presupuestos (dinero de todos los ciudadanos) camuflados en algún tipo de  subvención o ayuda; o bien, lo será con cargo al bolsillo del ciudadano que pagará el precio por el servicio; o bien, será una mezcla de los dos sistemas.

Y, además surgen varios interrogantes sobre lo que se está negociando

¿Puede el Gobierno renunciar y ceder, como dice el Presidente del Colegio de Registradores en su carta, la capacidad de organización del Registro civil qué es un servicio público?.

¿Habrá algún tipo de concurso en la concesión de los contratos derivados de la puesta en funcionamiento del Registro civil como se haría si fuera un servicio público de gestión pública o se permitirán concesiones a dedo?.

Pero es que, además:

·      Rajoy es Registrador de la Propiedad y mantiene su plaza de Registrador mientras es Presidente del Gobierno.

·         Dos hermanos de Rajoy son Registradores de la propiedad.

·     La persona que negocia con los Registradores en representación del Ministerio de Justicia, a la sazón Director General de Registros y del Notariado, es Registrador de la Propiedad y mantiene su plaza de Registrador mientras es Director General.

·         El Subdirector General de Registros y del notariado, también es Registrador de la Propiedad y mantiene su plaza de Registrador mientras es subdirector General.

·         Una nuera del Ministro de Justicia también es Registradora de la propiedad.

De todo lo anterior, la preguntas que surgen son evidentes:

·         ¿Es casualidad que la privatización se esté moviendo ahora de la manera que se está haciendo?. 

·         ¿No hay un conflicto de intereses en quienes negocian directamente y aprobarán en su caso la entrega del Registro civil a los Registradores de la Propiedad?

·         ¿No hay conflicto de intereses en quien mantiene su plaza de Registrador y puede volver cuando quiera a su puesto tras su paso por el Gobierno o el Ministerio