jueves, 20 de febrero de 2014

El Decano del Colegio comunica la decisión a todos los registradores de España

El Ministerio de Justicia ya ha adoptado la decisión política de trasladar las competencias del Registro Civil a los colegios de registradores, lo que supone la privatización de un servicio público, financiado por los ciudadanos, que lleva funcionando de manera eficaz desde 1.870. Esta decisión deja en el aire la situación laboral de más de 3.500 funcionarios de toda España.
Esta decisión va en detrimento de un servicio público y supondrá a todos los ciudadanos un coste, aun sin cuantificar, en trámites como inscripciones, certificaciones (matrimonio, nacimiento, defunciones, fe de vida, etc) que hasta ahora eran gratuitas.
Según ha podido saber la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en el sector de la Justicia, esta medida fue trasladada por el subsecretario de Justicia al Presidente del Colegio de Registradores este mismo martes en una reunión celebrada en el Ministerio en la que estuvo también presente el director general de Registros y Notariado.
Según la misiva, “la decisión del Gobierno ha sido la de asignar el Registro Civil a los registradores. Esta asignación se hace con plena capacidad auto organizativa del Colegio de Registradores en los aspectos relativos a la organización territorial, material y tecnológica del Registro Civil”.

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