Este mundo cada vez más tecnológico y, en teoría, más fácil tiene un talón de aquiles: nuestra capacidad limitada de almacenamiento de las diferentes claves de acceso, pines etc... que debemos memorizar tanto para nuestra vida privada como pública. Esta es la razón fundamental por la que este blog ha estado en silencio involuntario durante tanto tiempo. Mil perdones.
También podríamos decir, no sin algo de vanidad, que ha bastado con que nos ausentáramos para que el Ministro jugara su carta encomendando a los Registradores mercantiles el Registro civil, a través de una extraña corporación de derecho público y con un sistema de contratación un tanto peculiar. (Diposiciones vigésima y ss del RDL 8/2014)
Desde esa fecha, hemos conocido las relaciones de un asesor del Ministro al frente de una comisión con empresas que facturan al Colegio de Registradores por programas y por mandato de esa misma comisión. Hemos conocido también que el día 4 de julio el RDL 8/2014 encomendó al DGRN unas funciones que no tenía ni con carácter propio ni delegado y para ello se modificó la correspondiente Orden un mes más tarde.
También hemos conocido las posiciones de los sindicatos sobre la cuestión y, en especial, una que me parece bastante acertada porque no sólo pone el acento en el mantenimiento de los puestos de trabajo (que, por cierto, es algo que deberíamos dar por supuesto y no aceptar como moneda de cambio) sino en el carácter esencial de la función de Registro civil como caracterizadora de los cuerpos nacionales de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Este carácter es la base sobre la que pivota la oposición a la privatización del Registro civil ya que los funcionarios de Justicia son los profesionales expertos en Registro civil desde hace más de 140 años y no los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que, en esta materia, no dejan de ser sino meros advenedizos. Con este posicionamiento no se abandona la lucha fundamental que es la permanencia del servicio en manos de funcionarios públicos al uso y no de, funcionarios públicos con un sistema de gestión privada y un régimen retributivo privilegiado.
En este sentido, hay una idea que sostiene también un sindicato como propuesta intermedia y que supone renovar el Registro civil cambiando el encargado pero manteniendo en la gestión diaria a los funcionarios de Justicia, sometidos a la normativa de la LOPJ en materia estatutaria y a la Ley del Registro civil en el ámbito funcional. Así, el Registro civil como centro de destino diferenciado mientras que los Registradores mercantiles siguen asumiendo la inversión que supone el nuevo programa tal y como hacen en el proyecto del Ministerio.
La negativa del Ministerio a esta propuesta dejaría claro, por si no lo estaba ya, que detrás de esta operación hay un enorme negocio que pagaremos todos los ciudadanos de nuestro bolsillo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario