El problema es que el Ministerio sigue con la misma idea de base sin aclarar los conflictos de intereses que se dan cita en su proyecto. Y es que conforme pasa el tiempo la única reforma trasnparente, ajena a intereses de terceros, real y posible pasa por un Registro civil público gestionado por funcionarios de Justicia.
El artículo firmado por Luis Díez comienza así:
"La decisión del Gobierno de privatizar el Registro Civil ha añadido otra página poco ejemplar a la reciente historia de las corruptelas y el tráfico de influencias. El diputado de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, ha instado al Ejecutivo a que investigue “las turbias relaciones económicas de la Dirección General del Registro y del Notariado con la empresa Futuver”, beneficiaria del negocio, pero su petición podría tocar de cerca a Enrique Rajoy, hermano del presidente, y no ha surtido efecto. El Ejecutivo se ha abstenido de aclarar las presuntas irregularidades con características de latrocinio y de aplicar sanciones. Mientras, la privatización del Registro sigue su curso entre las protestas de los funcionarios y de los colegios profesionales de Registradores y Secretarios Judiciales."
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