Primero fueron los parlamentos vasco y navarro. Ahora las Cortes de Aragón y el Gobierno del Principado de Asturias se han manifestado claramente en contra de este proyecto de privatización y de la supresión de los Juzgados de Paz.
El sindicato CSIF informa que intensifica la campaña de adhesiones en todas las Administraciones para conseguir paralizar este proyecto que, como se ve, además no cuenta con el consenso social necesario.
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